Desde que asumió el presidente Javier Milei la motosierra del ajuste en el sector público fue impiadosa. En dos años la dotación de personal permanente y transitorio del Estado se redujo en casi 60.000 personas –a razón de 82 empleados por día- lo que, según el Gobierno, implicó un ahorro de $3,4 billones anuales. A noviembre del año pasado, el plantel del Estado totalizó 281.785 cargos según el último dato publicado por el INDEC. Esta cifra revela que, desde diciembre de 2023 –cuando Milei asumió la presidencia-, se produjo una caída de 59.688 puestos, un 17,5% del total de la dotación, detalla un informe de Nadin Argañaraz (IARAF). Allí se advierte que, en términos porcentuales, la víctima principal de la poda fue la administración centralizada –que comprende los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial junto al Ministerio Público-, que vio reducido su personal en un 28,8% (unos 15.780 agentes menos en dos años). Ahora bien, si se analiza la caída en términos absolutos (esto es, en cantidad de empleados), se observa que la mayor parte del recorte recayó sobre las empresas y sociedades del Estado, que perdió 20.602 puestos (-18,7%) desde diciembre de 2023.Dentro de este último sector, la empresa que registró más bajas en su personal es el Correo Argentino: en dos años redujo su plantel en 5191 cargos, el 30,8% del total. Le siguen Operadora Ferroviaria S.E, con 3504 cargos menos (-14,7%); el Banco Nación, que se contrajo en 2010 agentes y la empresa Aerolíneas Argentinas, que redujo su plantel en 1913 puestos. En la administración descentralizada (es decir, los organismos o entes públicos que manejan asuntos específicos con autonomía técnica, administrativa y financiera) también fueron fuertes los recortes. Particularmente sobre la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que se redujo en 3152 agentes (-14,3%); el Conicet, con 2074 cargos menos (-7,5%) y la Anses, que perdió 1573 empleados (-11,4%). En vías de extinciónHay organismos que desaparecieron por el impacto del ajuste, señala el informe. Entre ellos, el Ente de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA): en octubre de 2024 el Gobierno anunció la disolución de este organismo encargado de planificar, ejecutar y administrar obras de infraestructura hídrica y sanitaria en todo el país. A su vez, controlaba la calidad del agua potable y del servicio de saneamiento. Sus funciones pasaron al Ministerio de Economía y su dotación, de 354 empleados en diciembre de 2023, quedó en cero. Idéntica situación atravesó el Inadi, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, considerado por los libertarios como el ícono del dispendio del gasto. Sus funciones fueron absorbidas por el Ministerio de Justicia, pero no quedaron rastros de sus 354 empleados luego de que se oficializara su disolución en agosto del año pasado. Otros organismos, como la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) –cuyo cierre se anunció el mes pasado-, la Agencia de Publicidad del Estado (ex Télam) y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) también sufrieron los rigores de la poda. En el caso de ANDIS, ya sufrió un recorte del 35,6% de su dotación, mientras que a la ex Télam se le redujo el 79%. El INCAA sufrió una merma de planta del 51,3% mientras que la Casa de la Moneda vio reducido su personal en un 44%.Esta política de reducción de cargos en el Estado –que instrumenta el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger- va de la mano de un fuerte ajuste en los salarios de los empleados públicos, cuyas pautas acordadas en paritarias se ubicaron sistemáticamente por debajo de la inflación. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), entre noviembre de este año y el mismo mes de 2024 las erogaciones salariales del personal del Poder Ejecutivo se contrajeron un 10,4%; del Poder Judicial, un 5,2% y del Poder Legislativo un 12,1%, todos estos porcentajes en términos reales. Suspensión de contratacionesLa cartera que comanda Sturzenegger ya avisó que este año se mantendrá la tónica del ajuste en el Estado. Por medio del decreto 934/2025 prorrogó la suspensión de las contrataciones en el sector público que había establecido, también por decreto, en 2024. “La reducción en casi 60.000 agentes en dos años equivale a $3,41 billones anuales sin afectar la prestación de servicios esenciales del Estado”, asevera. El nuevo texto dispone que las jurisdicciones y entidades que integran el Sector Público Nacional no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal bajo ninguna modalidad. De todas maneras, habilita excepciones en sectores específicos, entre ellas las universidades nacionales, las Fuerzas Armadas y de Seguridad y el Servicio Penitenciario Federal. Ahora bien, en el caso de que se aplique alguna de estas excepciones, el decreto 934 impone una condición clave: por cada incorporación deberán computarse dos bajas previas. El decreto anterior era más restrictivo: solo permitía un alta cada tres bajas. Una flexibilización mínima en medio del ajuste.